A un sombrío panorama se enfrentaba el sector de la pizarra de Valdeorras hace ahora cuarenta años. Francia optaba por presionar para dar salida a su producción y vetaba los materiales que llegaban de la otra parte de la frontera. La decisión de prohibir las exportaciones de pizarra llevaba consigo consecuencias muy desastrosas para el sector y se avanzaba un futuro caótico, con empresas condenadas al cierre y dos mil familias afectadas por esta circunstancia.
Los empresarios ourensanos no se quedaban de brazos cruzados. Así, La Voz de Galicia publicaba el día 30 de septiembre de 1983: «El Gobierno estudiará con los pizarristas la imposibilidad de exportar a Francia». Los afectados se habían reunido con el conselleiro de Industria y Energía de la Xunta de Galicia, Juan Manuel de la Fuente Esperante, para exponerle sus demandas.
«La anulación por parte del Gobierno francés de las licencias de importación de la pizarra de origen español será estudiada mañana en Madrid en el curso de la entrevista concedida por el secretario de Estado de Comercio a una representación de los pizarristas, que viajará acompañada por el gobernador civil de Orense, Mariano Sanz Pech», se indicaba en la noticia. A su vez, el conselleiro de Industria y Energía también tenía previsto, días después, mantener una entrevista con el ministro Carlos Solchaga para plantearle la necesidad de buscar una solución. Una cosa esta clara: la crisis debía zanjarse con el diálogo y la negociación «gobierno a gobierno».
Se apuntaba por parte de los pizarristas que los importadores franceses —los perjudicados en primera instancia— desconocían las causas que habían llevado a Francia a adoptar dicha medida. La preocupación era más acuciante al no saber el plazo de vigencia de la misma: si era por lo que quedaba de año, tres meses, se calculaban unas pérdidas de 2.000 millones de pesetas —12 millones de euros—. Si, por el contrario, la prohibición se hacía indefinida las pizarreras de Valdeorras estaban sentenciadas y no les quedaba otra opción que ir al cierre empresarial.
En la información en la que se daba cuenta de la reunión con el conselleiro de Industria y Energía se aludía a las zonas de O Barco, Lugo y el norte de A Coruña como las productoras en Galicia. También se indicaba que, si se cumplía el peor de los pronósticos, «la crisis sería especialmente cruda en la zona ourensana de O Barco, donde están radicadas unas cincuenta empresas del sector pizarrero». El presidente de la asociación de las firmas gallegas, Esteban González Cuéllar, apuntaba a que las verdaderas razones que habían llevado al Gobierno francés a tomar la decisión eran confusas, al tiempo que aludía a que podía deberse a que las propias importadoras y empresas de Francia —en algún caso con la condición de importadora y productora unidas— para dar salida a su propio producto. Como quiera que la pizarra de Valdeorras era más barata que la francesa, tenía una mayor demanda.
Las partidas de material que exportaba Galicia a Francia eran adquiridas, de forma mayoritaria, por dos empresas. El resto de las compras se las repartían pequeñas empresas importadoras.
El vicepresidente de la Asociación de Pizarristas, Manuel Fernández Blanco, apuntaba que la cancelación de las licencias de exportación iba a impedir cumplir los compromisos ya adquiridos y esa circunstancia iba a provocar una grave crisis en el sector de la construcción en Francia, al no contar con la pizarra para sus trabajo y no poder entregar los proyectos por falta de suministro.
Los pizarristas de Valdeorras no lo fiaban todo a la solución por los cauces diplomáticos. Y solicitaban que se acordase la prohibición de importar varios productos de Francia —telas asfálticas, fibrocemento y materiales para cubiertas, entre otros—. Esteban González Cuéllar cuestionaba la decisión del Gobierno galo y la consideraba ilegal, al ser la pizarra un producto totalmente liberalizado en el mercado de importación. Tachaba la medida de «proteccionismo especial para proteger a las francesas». Al ser la situación especialmente delicada, y al haberse quedado los empresarios sin liquidez, se solicitaba la habilitación de un procedimiento especial para poder sobrevivir. Las opciones pasaban por créditos a bajo interés y a largo plazo y una moratoria para aplazar los pagos a la Seguridad Social.
Fuente: La Voz de Galicia
Autor: La Voz de Galicia
Fotografía: Desconocido