Los colocadores de pizarra reclaman otro plan Reno

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Su presidente, Miguel Ángel Fernández, afirma que “amenazados de cierre estamos todos’ ante la falta de trabajo.

La inexistencia de obra nueva impide que las empresas de colocación de cubiertas puedan trabajar de forma continuada. La mayoría se ven limitadas a trabajar en los momentos en que surge alguna contratación, fundamentalmente de restauración o mantenimiento. ‘Amenazados de cierre estamos todos. La construcción está totalmente parada, pero hay que seguir adelante’, dijo Miguel Ángel Fernández, que ayer fue reelegido presidente de la Asociación Nacional de Colocadores y Pizarras, un colectivo que agrupa a 33 empresas. Inmediatamente, reclamó una segunda edición del plan Renove para el sector. 

La primera convocatoria del plan fue convocada por la Consellería de Economía e Industria en 2012 e incluyó ayudas de un 40 % del coste subvencionable, fijando un máximo de 70 euros por metro cuadrado. Fue promovido para disminuir el gasto energético en las construcciones empleando la pizarra. Sus características de incombustibilidad,alto grado de inalterabilidad del color y de la composición, resistencia mecánica, durabilidad y capacidad aislante la convierten en un elemento de gran calidad, lo que favoreció la buena acogida del programa de ayudas. ‘A mucha gente le fue muy bien. En general, fue una solución para el sector. Si bien no resolvió la situación totalmente, sí lo hizo en parte’, dijo Miguel Ángel Fernández, quien insistió una y otra vez en la necesidad de que la Xunta convoque la segunda edición.

El derrumbe de la construcción no es el único problema al que se enfrentan las empresas de colocación de pizarra, muchas de las cuales se ven abocadas a aceptar las duras condiciones que imponen los bancos. ‘No dan financiación a las empresas grandes, cuanto más a las pequeñas. A las pymes nos abrasan a intereses y nos obligan a responder con nuestro patrimonio particular’, explicó Miguel Ángel Fernández.

No hay dos sin tres. Este colectivo empresarial se enfrenta a una tercera dificultad: la rigidez de las normativas urbanísticas de unos cuarenta concellos. Las negociaciones para evitar que se generalice la prohibición de colocar pizarra en las cubiertas de ciertas zonas no es fácil, pero en esta guerra los colocadores no están solos. La Asociación Galega de Pizarristas se sumó a la lucha contra las normas excesivamente restrictivas.

“Con no mucho dinero benefician al sector’

Miguel Ángel Fernández fue reelegido para presidir un colectivo, la Asociación Nacional de Colocadores de cubiertas y pizarras, creado para aunar los esfuerzos de las empresas de colocación de la piedra que otorga a Valdeorras el liderato del ranking mundial de productores. La crisis llevó a un sector de asociados a ampliar su oferta para sobrevivir, aceptando también encargos de otros materiales, como cinc y cobre. Su presidente explicó que el número de colocadores estimado supera los 2.000. Es un colectivo importante, de ahí que el presidente tenga claros los objetivos de la asociación para su mandato de tres años: ‘Mantenernos y pedir a las autoridades que tengan en cuenta que con no mucho dinero puede hacer mucho bien al sector’, dijo. El presupuesto de la primera edición fue 1,6 millones.

Urdangaray: “Aquí está O colocador sin traballo’

La vida en el pueblo de Éntoma (O Barco) gira eminentemente en torno a la colocación de pizarra. Con 305 habitantes, los ingresos de una treintena de familias dependen de la actividad, según una estimación rápida del alcalde pedáneo: José Urdangaray. En estos momentos, la crisis del sector castiga gravemente a sus vecinos.

‘A xente está parada. Cando alguén está por aquí é que non ten traballo. o 90 % dos colocadores están parados. Anque moitos pagan autónomos, botan 15 días na casa para traballar 7’, comentó el representante vecinal.

José Urdangaray coincidió con el presidente de los colocadores, Miguel Ángel Fernández, al diagnosticar el mayor problema del sector: ‘A xente fai chapuzas. Obra nova non hai Non se ve unha grúa en ningún lado’, dijo.



Fuente: La Región, 10-02-2013

 

 

 

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